La reforma judicial impulsada por el partido Morena ya no es una propuesta en discusión: es una realidad aprobada. Bajo la promesa de “democratizar la justicia”, se ha consumado una transformación estructural que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial en México. Ahora, ministros, magistrados y jueces serán elegidos por voto popular, en un sistema que privilegia el control político sobre la imparcialidad judicial.
¿Qué implica esta reforma?
A partir de ahora, los cargos judiciales más importantes del país serán sometidos a procesos electorales. Aunque en teoría podría sonar democrático, en la práctica se trata de una maniobra para subordinar al Poder Judicial al partido dominante.
Este nuevo modelo abre la puerta a campañas partidistas, financiamiento opaco y estructuras clientelares que terminarán por politizar —aún más— a quienes deberían ser garantes neutrales de la legalidad.
El colapso en CDMX: la justicia se cae a pedazos
La entrada en vigor de la reforma no ha sido acompañada por mejoras en infraestructura, personal o condiciones laborales. Al contrario, la situación operativa del Poder Judicial es crítica, como se ha evidenciado recientemente en la Ciudad de México, donde trabajadores judiciales se fueron a paro por las siguientes razones:
- Jornadas de hasta 12 horas sin horario de comida.
- Ausencia de pago por horas extra, incluso en fines de semana.
- Equipos obsoletos, sin escritorios ni ventilación.
- Juzgados familiares con rezagos de hasta tres meses para acordar promociones.
- Edificios con daños estructurales desde 2017 que nunca fueron rehabilitados.
La usuaria @paulinovka lo resumió claramente en su cuenta de X:
📢 “Los trabajadores del Poder Judicial en la CDMX se fueron a paro. Jornadas de 12 horas, sin hora de comida, sin pago de horas extras, sin fines de semana, con equipos obsoletos y sin escritorios. Los juzgados familiares llevan 3 meses sin resolver promociones.”
— @paulinovka en X
Este paro es un grito de auxilio que confirma lo que muchos han denunciado: la reforma no busca mejorar la justicia, sino controlarla.
Ciudad Juárez: notificaciones hasta agosto y rezago judicial extremo
En Ciudad Juárez, Chihuahua, los efectos del abandono institucional también son evidentes y preocupantes:
- Las citas para notificaciones de actuarios están siendo programadas con más de un mes de anticipación, llegando ya a fechas como el 5 de agosto de 2025.
- Solo se permite una notificación por expediente al día, lo que retrasa significativamente los procedimientos.
- Durante los fines de semana se otorgan muy pocas notificaciones, afectando incluso juicios urgentes.
- Varios juzgados tardan hasta tres meses en acordar una simple promoción, lo cual viola el derecho a una justicia pronta y expedita.
Para quienes litigan, esta situación significa enfrentar procesos completamente paralizados, mientras que los usuarios del sistema judicial son víctimas de una ineficiencia institucional que ni siquiera es mencionada en el discurso oficial.
¿Qué justicia es posible bajo estas condiciones?
Con esta reforma ya en marcha, el sistema judicial mexicano se enfrenta a un panorama preocupante:
- Jueces y magistrados presionados por intereses electorales.
- Juzgados operando con personal exhausto y sin recursos.
- Promociones y acuerdos detenidos por meses.
- Actuarios limitados por calendario y citas insuficientes.
No hay mejora en la impartición de justicia, ni dignificación de la función jurisdiccional. Solo hay una estructura cada vez más controlada desde el poder político.
Conclusión
La reforma judicial promovida por Morena ya es un hecho consumado. Pero lejos de representar un avance, marca el inicio de una etapa oscura para la justicia en México. Una etapa donde el control político sustituye la independencia, y donde el colapso institucional se agrava día con día.
La verdadera transformación que necesita el sistema judicial no es política, sino estructural: personal capacitado, salarios dignos, recursos tecnológicos y respeto absoluto a la autonomía judicial.